El Ecuador es un país mega diverso con una riqueza natural de gran magnitud, la cual debe ser valorada y reconocida para su prospera preservación y cuidado. Pues pese a los grandes avances normativos que se han dado en la última década en temas ambientales, aún existen vacíos que ponen en riesgo la calidad de vida actual y futura de la población ecuatoriana. Es así, que, ante la desarraigada problemática presente, el nuevo Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, debería plantearse en mi opinión, un punto básico: la reestructuración de la normativa ambiental, pues no solo basta con que la normativa ambiental contemple líricamente grandes avances de cuidado y protección, sino que esta normativa debería ser clara y no dar espacio a mal interpretaciones. Como el dado en el caso de los conflictos generados por las confusiones que se producen por la superposición de leyes y la contradicción que encuentran los actores en la aplicación de las normativas, contradicciones como la explotación de petróleo en áreas protegidas, que han impulsado a la sociedad civil ha desplegar acciones de rechazo y demandas por cambios en las políticas públicas. Pues las dificultades se centran en que, el marco normativo ambiental no satisface las expectativas de la población respecto a la conservación de las áreas protegidas o el respeto a los derechos colectivos, y su aplicación deja incógnitas e insatisfacciones a los actores sociales.